
Javier Galindo, Director General de CGC, empresa de software y participante en el Panel de empresas que ya le venden al Gobierno, en el marco del más reciente Foro de Comparas de Gobierno.
Destaco que una herramienta que ha servido en su organización para ser ahora una exitosa Pyme que provee al Gobierno Federal de un software especializado en control financiero, ha sido la construcción de una estrategia de Propiedad Industrial, que en otras palabras significa el alineamiento de la planeación financiera de la empresa junto con un factor de carácter legal que agrega un alto valor a su producto.
En palabras el propio Javier Galindo, el contar con registros (en este caso en el INDAUTOR) de su producto se ha generado un factor de confiabilidad, lo cual es clave al momento de ser proveedor del gobierno, pero no solo ahí, sino que también en el ámbito comercial con la iniciativa privada.
Este tipo de comentarios nos hacen reflexionar sobre el hecho de no olvidarnos que en todo momento se deben conocer los recursos con los cuales se cuenta como empresa, los que son importantes proteger, compartir y negociar, pues otra modalidad que ha permitido el desarrollo de ciertas pymes es la estrategia de marca basada en una estrategia de franquicias, en donde los derechos de propiedad industrial forman parte del contenido de la circular de oferta de la misma franquicia.
Lo anterior debe motivar a una reconsideración por parte del empresario del papel más dinámico y propositivo de su área legal, pues en esta estrategia juega un papel muy importante pues su deber consiste en ir traduciendo en documentos los detalles de la planeación financiera.
Por cierto, nuestra Ley de Propiedad Industrial en sus títulos segundo y cuarto detalla los mecanismos que el empresario debe satisfacer para consolidar sus registros y la Ley Federal del Derecho de Autor hace lo propio en sus títulos II, III, IV, y VIII, a los cuales remitimos como una consulta obligada, si es que uno desea participar de esta interesante experiencia que ha hecho de CGC un proveedor calificado del Gobierno Federal.
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